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    ¿Qué ocurre con los caballos en Galicia, los ganaderos y la Xunta?

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    La Asociación de Ganaderos de Caballos del Monte de Groba considera se mantiene firme en su lucha contra la obligatoriedad de identificar  mediante microchip  a los caballos criados en libertad, requisito que la Xunta de Galicia impone actualmente.

    En respuesta a una denuncia presentada por los propietarios de los caballos salvajes, la Comisión Europea confirma que, al contrario de lo que mantiene el gobierno gallego, la normativa comunitaria sí contempla excepciones que permitirían, para gusto de los ganaderos, mantener las marcas tradicionales (a fuego) como método de identificación.

    En la práctica, la CE archiva la queja de la asociación Monte da Groba, dejando la puerta abierta a la Xunta para resolver el conflicto con los propietarios de los caballos, quienes sostienen que el coste de identificar a cada ejemplar es excesivo. La implantación del microchip ronda los 40 euros por cabeza.

    Los ganaderos se sienten herederos de una tradición "amenazada" que cuenta en Galicia con más de cuatro milenios de antigüedad. Por su parte, hasta ahora la Xunta se escudaba en que era Europa quien obligaba el microchip y por eso la administración autonómica no ofrecía flexibilidad en su postura.

    Sin embargo, el Gobierno gallego tienen también otros motivos. Si bien reconoce que la cría de caballos salvajes es una práctica que constituye un "importante patrimonio" de Galicia, la Xunta, a petición de la UE, defiende su postura alegando que estos animales "ocasionan frecuentes problemas en zonas limítrofes a los montes en los que se asientan". Entre ellos, destacan la "invasión de zonas de cultivo" y su implicación en "accidentes de tráfico en carreteras comarcales".

    Los ganaderos argumentan, en cambio, que el microchip no cambiará las cosas, puesto que las asociaciones de ganaderos ya llevan un registro exhaustivo de los animales. Advierten que existen registros de marcas que vinculan a los caballos con sus propietarios y que se obliga a los socios a contratar un seguro de responsabilidad civil ante posibles problemas. Según este colectivo, además, la medida de la Xunta tiene afán recaudatorio.

     

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    Fuente: farodevido.es

     

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