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    Rapa das Bestas - El primer 'curro' suspendido de su historia

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    Por primera vez en más de cuatro siglos un curro gallego se celebra sin un solo caballo salvaje. Este fue el caso de la localidad pontevedresa de A Valga, en Oia en mayo de 2012, primera rapa das bestas que abría la temporada. En cambio, se convirtió en la primera protesta de los ganaderos de la zona y "aloitadores" contra el decreto equino de la Xunta de Galicia y la obligatoriedad de identificar los caballos por medio del microchip.

    Los participantes en esta protesta quieren así llamar la atención acerca de la hipotética situación de peligro de supervivencia de un espectáculo que cuenta con más de 4.000 años de historia en Galicia.

    En esta concentración se optó por dejar sin marcar y sanear a unos 300 ejemplares equinos. Tal ha sido la repercusión de este acto que Javier Álvarez Blázquez, secretario de la Asociación de Gandeiros de Cabalos do Monte da Groba, manifiesta que "nunca se había cancelado el curro, ni siquiera durante la Guerra Civil".

    Los ganadores se muestran terriblemente críticos con el nuevo modelo de identificación del ganado, que sustituye a la tradicional marca a fuego. Les duele no poder cumplir con la tarea que les legaron sus antepasados y por cuya supervivencia luchan. "Solo queremos continuar con la tradición, mantener la cría de caballos salvajes y no convertirlos en animales domésticos como parece que pretenden desde la Xunta", en opinión de Modesto Viñas, presidente de los curros de la Serra da Groba.

    Ninguno comprende por qué razón se quiere cambiar la marca a fuego de los caballos, autorizada por la legislación europea, por un nuevo sistema más costoso y que creen menos eficaz. Los propietarios de los conocidos como caballos salvajes defienden las marcas como un sistema "infalible", puesto que es "visible para todo el mundo" y obliga a los ganaderos a registrarse con su "sello" en una asociación, que, a su vez, se encarga de controlar y asegurar que se contraten seguros de responsabilidad civil y que respondan ante cualquier accidente o destrozo que puedan causar los caballos.

    Tras ese razonamiento, muchos comentan que detrás de la implantación del microchip se esconden intereses recaudatorios por parte de la administración gallega. La obligatoriedad del nuevo sistema, que, con un coste aproximado de 40 euros, resulta excesivamente caro para identificar unos caballos que, al salir al mercado (por su carne), no resulta rentable, pues apenas le reportarían a sus dueños unos 50 euros.

    Otros, los más aventurados, creen que hay razones ocultas detrás del decreto equino: el control del monte."Los caballos no tienen interés económico; interesan más los parques eólicos, las explotaciones de biomasa y las plantaciones de eucaliptos, donde los caballos salvajes son un estorbo", apunta el secretario de la asociación de ganaderos de Serra de A Groba.

    De cualquier modo, con estas protestas, la polémica está servida. Los ganaderos exigen una rectificación por parte de la Xunta para que deje de "asfixiar" una actividad milenaria y permita conservar en Galicia el "único reducto de estos caballos salvajes que se conserva en Europa", según Viñas.

    ¿Y sobre el resto de curros o rapas? "Se van a suspender todos, ya sea por un año, dos, tres, cinco o los que haga falta. Queremos conservar una tradición y no vamos a ceder". Esta es la contundente respuesta al decreto equino que consideran como un "ataque" a una forma de ganadería "en peligro de extinción".

     

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    Fuente e imagen: farodevigo.es / Marta G. Brea

     

     

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