Los caballos de Boñar seran sacados a subasta y su dueño será multado con 6000 euros

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León ha decidido imponer al dueño de la ganadería Caballos de Boñar una sanción de seis mil euros al considerar el abandono de los animales como una falta grave, según informó ayer el delegado de la Junta, Eduardo Fernández. Se trata de la sanción económica más elevada dentro del apartado de falta grave. El pasado 22 de diciembre de 2010 se puso fin al expediente sancionador que se fundamenta en la Ley 32/2007 de 7 de noviembre para el cuidado de sus animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio para decomisar los 165 caballos que quedaban en la explotación. Esta ley en el artículo 16 aplica multas de 601 a 6.000 euros para las infracciones graves.

También llevará a cabo el decomiso de los animales, que serán sometidos a subasta pública, después de que las bases sean publicadas próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León. La Subdelegación del Gobierno en León también ha mostrado su interés en los animales por lo que antes de someterlos a subasta pública se inspeccionarán y se retirarán los que mejor estén. Los animales más jóvenes se destinarán para prestar servicio en las secciones de caballería tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, el resto de caballos serán subastados. Según fuentes de la delegación territorial el decomiso de los animales es firme desde el 22 de diciembre de 2010. Contra la resolución del expediente sancionador no se interpuso «recurso de alzada dentro del plazo exigido, habiendo devenido a todos los efectos y siendo plenamente ejecutiva», según recoge la orden dictada por la consejera de agricultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente.

El decomiso de los animales fue una medida que ya había solicitado la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de León o que al menos se obligara a la ganadería a vender partes de los ejemplares de caballos para atender al resto de animales con el dinero proveniente de la venta.

La Junta de Castilla y León tuvo que hacerse cargo de los animales por decisión judicial entre el 2 de septiembre y el 14 de octubre lo que ocasionó un gasto de más de 15.000 euros. De esta cantidad algo más de la mitad se dedicó a la necesidad de colocar el sistema de identificación de los caballos de la empresa, conforme a ley. El resto fue destinado a comprar comida para que no murieran de hambre.

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