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    Diligencias penales contra el Ayuntamiento de Oliva por la construcción del recinto hípico

    NoticiasNoticias Hípicas Generalesjueves 15 marzo 2012
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    La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal en relación a la tramitación, por parte del Ayuntamiento de Oliva, del proyecto de centro hípico en el que acaba de tener lugar el Mediterranean Equestrian Tour.

    La fiscal jefa de Valencia, Teresa Gisbert, da trámite así al escrito con el que el Centre d'Aqüicultura Experimental (CAE) trasladaba a la Fiscalía los hechos al entender que la autorización de las obras por parte del ayuntamiento había vulnerado la legislación vigente.

    Los ecologistas ponen en conocimiento de la Fiscalía la posible comisión de tres delitos: acusan a la alcaldesa, Chelo Escrivà, de incurrir en un presunto delito contra los derechos cívicos por dificultar el acceso al expediente; al exedil de Urbanismo, Joan Pi, de una presunta prevaricación omisiva, por permitir que las obras continuaran a pesar de que un informe municipal advertía de que no se ajustaban a la licencia; y se denuncia también un delito de daños al patrimonio, ya que como paso previo a las obras se derribó la conocida como Casa del Plevà, en trámites de declaración como Bien de Relevancia Local.

    La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha remitido un requerimiento a la alcaldesa, Chelo Escrivà, en el que le otorga un mes de plazo para anular la licencia de obras que otorgó el 14 de noviembre. El escrito fue contestado por el consistorio con un informe jurídico en el que, según la propia alcaldesa, se defiende la legalidad de la tramitación seguida.

    Igualmente, agentes del Seprona de la Guardia Civil llevan semanas también recabando información sobre las obras realizadas y su posible impacto en una zona que está afectada por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural del Marjal de Pego-Oliva.

    Y es que una de las cuestiones centrales del litigio parece estar en por qué autorizó las obras el ayuntamiento en una zona donde las competencias le corresponden a la Generalitat Valenciana. Eso mismo es lo que le recuerda a la alcaldesa el director general de Evaluación Ambiental y Territorial, Juan Giner, en el requerimiento de anulación que llegó al ayuntamiento en el que se insta al consistorio a anular la licencia o justificar su legalidad.

     

     

    Fuente: levante-emv.com

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